Un gato desaparece, la protectora lo denuncia y el juez reconoce daños morales sin estar previstos en el contrato de adopción
Las leyes de protección animal cada vez son más estrictas, al igual que lo son los contratos de adopción por parte de las protectoras. Esto ocurre primero, por una mayor empatía de la sociedad hacia los animales y sus derechos y, segundo, porque tanto las protectoras como los peludos adoptados deben estar blindados ante cualquier incumplimiento del contrato de adopción.
Gatitud, una Asociación Protectora de los Gatos, interpuso una denuncia a una adoptante por incumplimiento de contrato y cuya resolución ha resultado a favor de la protectora.
Esta historia comienza en 2016, cuando Gemma García, presidenta de la protectora, gestionó la adopción de Gilbert, un pequeño cachorro de gato de aproximadamente tres meses y que llevaba con la protectora Gatitud alrededor de dos meses y medio.
«Rescaté yo misma al gatito y estuve dándole el biberón en casa hasta que pudimos darlo en adopción», relata García.
Gilbert, el gato adoptado y del que no se supo más por el cual la protectora Gatitud interpuso la denuncia al adoptante.
«Cuando la adoptante rellenó el cuestionario obligatorio (por aquel entonces mucho más simple que el que utilizamos ahora) todo parecía estar correcto. De hecho, dos datos importantes que afirmó fueron que nadie de su entorno tenía ninguna alergia a los gatos y que, si ocurría algo y no se podía hacer cargo del animal, lo devolvería a la protectora», detalla.
La presidenta de la protectora continúa la historia explicando a este medio que la entrega del gato se hizo de forma correcta, en una clínica veterinaria donde se le puso el chip al animal, junto a las vacunas pertinentes. «Se firmó el contrato de adopción y la expliqué que, entre otros compromisos, no podía cederles el gato a terceros en caso de no quererlo más, a lo cual ella estuvo de acuerdo«, comenta.
Por un tiempo, la comunicación entre la protectora y la adoptante de Gilbert fue buena. Gemma recibía fotos de lo feliz que era el pequeño en su nuevo hogar, el gato se esterilizó correctamente, pero, como ocurre normalmente, el contacto se va perdiendo. «Teniendo que cuidar de tantísimos gatos en nuestro día a día, es muy difícil acordarnos de escribir a todos nuestros adoptantes, por lo que siempre les pido que sean ellos los que de vez en cuando me manden alguna foto o me cuenten cómo van», reconoce García.
En el verano de 2019, cuando en la protectora empezaron a echar de menos noticias sobre Gilbert. «Pregunté por el gato y la adoptante me dijo que ya no estaba con ella, que se la había dado a su suegro, que tiene una casa en el campo, porque a su sobrino le daba alergia el gato y no podía ir a visitarla», explica. «Fue cuando la recordé que haciendo eso estaba incumpliendo un contrato de adopción».
«Además, en el registro de Andalucía me encontré con la sorpresa de que al gato no se le había puesto ninguna vacuna desde 2017 y en esta comunidad autónoma es obligatoria, al menos, la de la rabia», expresa García. «La adoptante se puso a la defensiva conmigo por WhatsApp, cuando la pedí que quería comprobar que el gato estuviera bien y llegó a bloquearme, aunque yo la mandé un SMS informándola de que la iba a denunciar».
Aunque García ya sabía que no iba a volver a ver a Gilbert, un mes después de no saber de nuevo nada de la adoptante volvió a ponerse en contacto con ella para reclamar al gato. «Esperé a que ella me mandase fotos porque me dijo que estaba de vacaciones, pero algo en mi interior me decía que Gilbert ya estaba muerto«, lamenta.
El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Puente Genil (Córdoba) ha dictado este semana una sentencia, que ya es firme y que es la primera de su tipo que se dicta en la provincia, estimando parcialmente las pretensiones de Gatitud, Asociación Protectora de Gatos, a la que ha reconocido daños morales por valor de 400 euros, pese a no estar contemplados expresamente en el contrato de adopción que firmó la protectora con la adoptante de un gato, a la que denunció por incumplir dicho contrato, lo que ahora ha refrendado el juzgado.
Es el resultado, según la información facilitada a Europa Press por el despacho jurídico especializado en Derecho Animal, con sede en Córdoba y dirigido por la abogada Dulce Aguilera, Justicia-Animales & Medio Ambiente, de que Gatitud le encomendara la tarea de solicitar la resolución del mencionado contrato de adopción y la reclamación de daños morales a la adoptante.
Desde el despacho jurídico que ha representado a Gatitud se ha destacado que «esta es la primera sentencia de estas características que dicta un juzgado en Córdoba y provincia, suponiendo una herramienta de gran interés en la práctica judicial, de cara a acreditar la plena validez del contrato firmado entre partes, así como las consecuencias que pudieren derivarse por su incumplimiento».
